Opinión |20 Mar 2011 - 1:00 am
Jurisprudencia social
Por: Alfredo Molano Bravo
POR AHORA TODO INDICA QUE LA Greystar retiró la solicitud de licencia para llevarse el oro, la plata, el cromo, el zinc, el cobre, el estaño, el plomo y el manganeso del páramo de Santurbán.
No fue, sin duda, una decisión fundada en su sensibilidad ambiental, sino en un hecho simple: la tenían perdida desde el punto de vista legal: la explotación de minas en los páramos está prohibida. Punto. El gobierno de Uribe —siniestro también en materia ambiental— aceptó evaluar el estudio de impacto elaborado por la compañía siendo sólo una concesionaria. Manuel Rodríguez, uno de los críticos más solventes y ácidos del proyecto, tildó de aberrante el procedimiento. Con el cambio de gobierno que declaró locomotora de la economía nacional a la minería, que contabilizó las ganancias de Santurbán y La Colosa en el Plan Nacional de Desarrollo y nombró ministra del Medio Ambiente a Sandrita Bessudo, una excelente nadadora submarina especializada en el tiburón martillo, pocas esperanzas había de un timonazo en materia de política ambiental. Pero como vivimos en el país de La Perrilla, “donde sale lo que no se espera”, el ministro Rodado Noriega advirtió en la Feria Minera de Toronto: “De ninguna manera, de acuerdo con la legislación colombiana, es posible hacer minería en páramo”. El Gobierno desconfiaba de los estudios de la Greystar y de la llamada responsabilidad ambiental de la compañía y era posible que negara la licencia. Total, a la multinacional no le quedaba otro camino que retirar la solicitud, lo que no quiere decir que haya renunciado a presentarla en el futuro, apelando quién sabe a qué tinterillada. No es fácil resignarse a perder 511.000 onzas de oro y 2,3 millones de onzas de plata.
Para el Gobierno tampoco era sencillo desconocer la poderosa oposición ciudadana que desencadenó el proyecto. El argumento principal fue la contaminación de las fuentes de agua que alimentan los acueductos de una población de dos millones de personas, incluidas Bucaramanga y Cúcuta. “El agua vale más que el oro” fue la consigna. Convergieron en un vasto movimiento de oposición crítica las reflexiones de las organizaciones ambientalistas, los intereses gremiales, las reacciones del gobernador Serpa y del senador Robledo y las denuncias de los medios. Para rematar, El Espectador trajo a Al Gore. La resistencia de la ciudadanía contra los planes y procedimientos de la compañía canadiense y contra la presión de la Embajada de Canadá fue el soporte del movimiento. Sin duda, las recientes tragedias en las minas de carbón en Amagá y Sardinata, las inundaciones de pueblos, la brutalidad de la explotación del carbón en Cesar, las playas negras de carboncillo en Santa Marta, las íntimas relaciones de la minería de oro con el paramilitarismo han hecho crecer lo que se podría llamar “conciencia social ambiental” en el país. El efecto en perspectiva es la defensa del agua como bien público y, claro está, la de los páramos, humedales, ríos y quebradas. Al Gore dijo que la costa atlántica será un desierto en 50 años. El movimiento no se puede limitar a la Greystar. En Santurbán hay siete empresas medianas con licencia y muchas sin ella. Más aún, en las 100.000 hectáreas de nuestros páramos han sido otorgados 391 títulos mineros. El movimiento debe ir más allá, como pide Manuel Rodríguez: declarar una moratoria de grandes proyectos mineros hasta saber sus verdaderos efectos ambientales y sociales. El cuento de que lo que es bueno para los bolsillos de los grandes depredadores es bueno para todo el país –porque genera regalías y empleo– no es sólo una falacia sino, en el fondo, un crimen.
La amenaza a los páramos no es sólo la minería: los cultivos de papa y la ganadería avanzan destrozando fraylejonales, desecando lagunas, arrasando bosques. De los páramos habrá que ir a los valles y de las cordilleras a las sabanas. En mora está la evaluación científica del impacto que tendrán sobre los humedales y las fuentes de agua del Llano los grandes proyectos agroindustriales que están en marcha. La Orinoquia colombiana guarda la tercera parte del agua de todo el país. No se puede contribuir irresponsablemente a la desertización de gran parte del territorio en aras de un desarrollo tan parcializado como gravoso. Tampoco se podrá pasar de agache con la desecación de ciénagas en el bajo Magdalena, un fenómeno que tiene cercados los espejos de agua, arrinconados a los pescadores y ahogados a los campesinos. La conciencia ambiental deberá seguir poco a poco el curso de las corrientes. Es muy difícil, después del gran triunfo de Santurbán, que el movimiento por el agua se evapore. Más que un antecedente jurídico, el hecho es una jurisprudencia social y política trascendental.
Nota. Escrito lo anterior, se acaba de conocer un comunicado de la Greystar donde dice haber sido malinterpretada y que retira la solicitud actual de licencia solo para hacer una nueva; no renuncia, por tanto, al Proyecto Angostura. ¿Se trata de una maniobra más de una empresa acostumbrada a poner de rodillas a los gobiernos y a las comunidades y a engañar a la opinión pública? El gobierno colombiano debe pronunciarse sin ambigüedades porque la palabra del ministro Rodado está empeñada.
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